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Con la entrada en vigor del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación (CFF), los esquemas reportables vuelven a ser motivo de discusión y análisis en el foro fiscal mexicano durante este 2021. En la presente colaboración se describe el contenido de las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal (RM) aplicables a este nuevo régimen de declaración obligatoria, consistentes en la forma en que se realizarán las declaraciones informativas de esquemas reportables, así como la información y documentación que contribuyentes y asesores fiscales deberán enviar a la autoridad hacendaria a través de medios electrónicos, entre otras disposiciones para el cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de la revelación de planificaciones fiscales agresivas.

Ante un escenario económico adverso para México, de crecimiento negativo en 2020, y de un periodo incierto de recuperación, las políticas fiscales serán un foco importante y crucial para la administración del actual gobierno. El Presidente de la República ha declarado desde su campaña –y ratificado ya en ejercicio de sus funciones–, que no realizará aumentos de impuestos, pero a principios del año pasado no se preveía una pandemia de tal magnitud, que está aún plena, y aparentemente, apenas se conocerán los efectos en la baja de ingresos tributarios que sufrirá el país. Pero siempre existe la posibilidad de cambiar las promesas, justificadas tal vez, debido a lo imprevisible de este fenómeno de salud mundial. Por tanto, habrá que buscar alternativas para compensar esa baja, y generar soluciones fiscales las cuales cubran las necesidades del país, sobre todo aquellas relacionadas con el compromiso de disminuir las desigualdades sociales. En este trabajo se analizan algunas opciones que sugieren expertos en economía internacional, y se valorará su posible aplicación para una economía mexicana con sus características propias, en los tiempos que se viven actualmente y con la amplia brecha que todavía existe de desigualdad.

Debe decirse que entre el fisco y el contribuyente ninguna de las dos partes está totalmente equivocada. Por un lado, efectivamente existen quienes sistemáticamente buscan la oportunidad, no solamente de evadir, sino de defraudar al fisco federal. No obstante, no es correcto generalizar esta conducta, pues un gran número de gobernados cumplen su obligación de contribuir al gasto público en estricto apego a las normas tributarias, pero sin que ello implique negárseles el derecho a efectuar una correcta planeación tributaria

Ante la cercana entrada en vigor de las disposiciones relacionadas con el tratamiento aplicable a las entidades y figuras jurídicas extranjeras transparentes, para el 1 de enero de 2021, se vuelve esencial para los contribuyentes evaluar el impacto que tendrán las operaciones que vengan celebrando con los residentes en el extranjero que reciben un tratamiento transparente para efectos fiscales en su país de origen

Las autoridades fiscales federales tienen competencia para determinar simulaciones, fraudes de ley y negocios jurídicos indirectos, que afecten la hacienda pública, sin necesidad de someterse a jueces civiles. Después de ejercidas sus facultades, sus resultados pueden ser objeto de escrutinio jurisdiccional mediante juicio seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Ante la pandemia provocada por el coronavirus disease (Covid-19) es necesario que las autoridades gubernamentales tengan, por lo menos, el mismo nivel tecnológico que están utilizando las empresas, con el objetivo de que puedan proveer los servicios públicos que son indispensables para la población

Derivado de la contingencia sanitaria del coronavirus disease (Covid-19), las empresas han sido severamente afectadas en términos monetarios y, por consiguiente, han tenido la necesidad de Doctrina adaptarse o incluso de crear nuevos mecanismos para lograr la continuidad de sus negocios. Las empresas que se desarrollan en el sector energético en México no son la excepción. Por ello, es imprescindible identificar los principales impactos en su operación, pero, sobre todo, enfocarse en buscar alternativas que les generen recursos económicos para reinvertirlos en sus procesos productivos.

El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la enfermedad provocada por el COVID-19 se consideraba pandemia, lo que provoco que el mundo se pusiera en alerta, para tratar de controlar esa emergencia sanitaria.

Cabe destacar que la sociedad civil de nuestro país de inmediato se organizó para atender esa emergencia, solicitando a la población que se quedara en sus casas, para evitar que esa enfermedad se propagara, y que el sector salud colapsara.

En esta colaboración plantearemos la posible defensa en juicio de amparo cuando se deja sin efectos el Certificado de Sello Digital (CSD), después de haber agotado, sin éxito, el procedimiento de aclaración. Para plantear la posible defensa constitucional, previamente es necesario analizar: ¿Qué es un CSD? ¿En qué consistió la Reforma Legislativa? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para la restricción temporal del CSD y cuál para dejarlo sin efectos?, así como conocer el acuerdo delegatorio de facultades que originó la mencionada reforma