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A partir del 1 de enero de 2022, entró en vigor la obligación de emitir el complemento carta porte al Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI); documento que, además, sirve para acreditar el transporte, la legal tenencia y propiedad de las mercancías transportadas, sin distinguir aquellas en las que de acuerdo con su naturaleza se encuentran ampliamente reguladas, tanto en el ámbito mercantil como en el administrativo. Mediante el presente estudio hago referencia específica al sector agroalimentario, donde esta nueva obligación conlleva un exceso de regulación que pondría en riesgo la viabilidad alimentaria de los productos que se transportan, ya que una supervisión adicional a la sanitaria podría traer como consecuencia la pérdida o menoscabo de los productos básicos y perecederos para que lleguen a su destino con la calidad que se requiere para el consumo humano.

Como consecuencia de la reforma 2022, publicada en el DOF el pasado 12 de noviembre, se incluyen al Código Fiscal de la Federación (CFF) los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 84-M y 84-N, referentes al concepto de beneficiario controlador, como una nueva obligación para los contribuyentes, la cual formará parte de su contabilidad, con multas por demás altas en caso de no contar con el expediente correspondiente debidamente integrado.

El 20 de enero de 2022 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó una nueva versión de las directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias (guías de precios de transferencia), las cuales reflejan modificaciones en capítulos relevantes relacionados principalmente con la aplicación del método de partición de utilidades (profit split), lineamientos en Intangibles de Difícil Valoración (HTVI, por sus siglas en inglés), y la adición del capítulo de operaciones financieras. Estos nuevos lineamientos tienen un impacto relevante en el ámbito de los negocios para las empresas multinacionales, al ser una de las bases mundiales más importantes que rigen las regulaciones de operaciones realizadas entre entidades relacionadas pertenecientes a grupos multinacionales.

La figura del “secreto fiscal” volvió a tomar especial atención durante la primera mitad de 2022, como respuesta a las declaraciones del Poder Ejecutivo que se han hecho en diversos medios de comunicación, en particular respecto a las realizadas sobre información sensible de un periodista destacado, la cual presuntamente habría sido filtrada indebidamente por la autoridad hacendaria, fuera de cualquier ejercicio de facultades legales o constitucionales.

Entre los diversos cambios incluidos en la Reforma Fiscal para 2020, se incorporaron disposiciones específicas aplicables a los fondos de inversión extranjeros con el objetivo de reconocer el régimen de transparencia al cual suelen encontrarse sujetos. Considerando el tratamiento específico que para la transparencia fiscal ya existe en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), es claro que el fin detrás de esta “excepción a la regla” radica en buscar no impactar la potencial atracción de inversión hacia México dado que habitualmente los fondos de inversión se encuentran estructurados mediante el uso de entidades que en el extranjero pueden sujetarse a un régimen de transparencia.

El derecho a la autocorrección fiscal se encuentra previsto en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC). Este permite que los gobernados puedan, ante el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, modificar su situación fiscal declarada y/o subsanar aquellas posibles inconsistencias que se cometieron al momento de tratar de cumplir con las obligaciones fiscales.

El artículo 30, décimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que en los casos en que la autoridad fiscal esté cumpliendo sus facultades de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se hubieren disminuido pérdidas de ejercicios anteriores, los contribuyentes deberán proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente de cuándo se haya originado. Existe entonces la obligación de los contribuyentes de conservar la documentación que compruebe el origen y procedencia de la pérdida fiscal amortizada en ejercicios posteriores, así como de proporcionarla a la autoridad fiscal, quien cuenta, a su vez, con la facultad de revisar tal atributo en el ejercicio en que es amortizada.

Las reformas que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2020 en las que se agregó un nuevo supuesto del objeto, adicionan al responsable solidario en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV), y se modifica la determinación del mismo, motivo por el cual se derivan efectos económicos tanto para los consumidores como para los distribuidores de autos nuevos y usados, así como para las finanzas públicas

La pregunta que se formula en el título del presente artículo pareciera ser ociosa, pero lo que señala el último párrafo del artículo 80 de la LISR es lo que crea la incertidumbre que motiva ese planteamiento. En principio, habría que recordar que la LISR contiene un Título III “ Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos”, en el que se aglutina a diferentes tipos de personas morales (la Federación, las entidades federativas y los municipios, organismos descentralizados, cámaras, partidos políticos, sindicatos, así como instituciones de asistencia o de beneficencia, asociaciones y sociedades civiles, entre otras) que no tienen fines lucrativos.